viernes, 19 de agosto de 2016

DE PORTMÁN AL MAR MENOR



DE PORTMÁN AL MAR MENOR
Víctor Meseguer
La Verdad, 19 de agosto de 2016

El presidente en funciones del Gobierno de España afirmó la semana pasada, en un mensaje en Twitter, que el Mar Menor es «un paraje natural único en Europa que debemos conservar». No muy lejos, en algún cajón de su mesa, debe seguir guardando el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Les pongo en antecedentes.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó por consenso el texto de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, inspirado en tres premisas: 1) El deber de los Estados de proteger los derechos humanos (incluido el derecho a un Medio Ambiente sano); 2) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; 3) El derecho de las víctimas al acceso a mecanismos de reparación.
Este mismo año, la Comisión de la UE aprobó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones bajo el título “Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”, en la cual se invitó a los Estados miembros a desarrollar un Plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
España aceptó esta invitación y el 26 de junio de 2014 el texto definitivo del plan, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación -tras un supuesto “proceso de diálogo” con la sociedad civil, representantes de las organizaciones sindicales y académicas, así como un acto de dogeza con las organizaciones empresariales- se remitió a la mesa del Consejo de Ministros para ser sometido a aprobación, pero a día de hoy todavía no se ha incluido en el orden del día de ningún Consejo de Ministros.
Uno de los elementos positivos más reseñables del documento viene determinado por la aplicación de la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, con el objeto de evitar, por ejemplo, daños irreversibles al medio ambiente. Como Uds. saben las normas de cuidado se construyen en base a la existencia de resultados previsibles que, además, son evitables. Una lógica implacable que habría evitado desastres medioambientales como el del Mar Menor o el de la Bahía de Portmán. Dos lamentables episodios que tienen más relación de la que parece.
En ambos pesa la sombra de una relación simbiótica entre lo público y lo privado, ajena a los intereses generales; por ejemplo, el Tribunal Supremo avaló que la Société Minière et Metallurgique Peñarroya disponía de los permisos gubernativos pertinentes para realizar los vertidos sin cuestionar la legitimidad de los mismos. En el caso del Mar Menor me remito al artículo publicado aquí por Pedro Costa Morata (22-10-2014):  El Mar Menor y el 'crimen del Estacio'.
A la vista de los hechos, también se puede afirmar que las empresas hace tiempo que han iniciado la gran huida del Derecho para aquellas cuestiones que no son de su interés, como es el caso del acceso de las víctimas de violaciones en el ámbito de los Derechos Humanos y Medio Ambiente a vías de reparación judicial.
Si se ponen en relación los desastres ambientales sucedidos en la Bahía de Portmán, en la laguna del Mar Menor o el del Prestige en la Costa da Morte con el reciente desastre ambiental provocado por la petrolera británica BP en el Golfo de México (donde la petrolera pagará la mayor indemnización de la historia: 20.800 millones de dólares, 5 años después del desastre ambiental, tal y como informó la Fiscalía General de los Estados Unidos de Norteamérica en octubre del año pasado), se puede colegir que el daño ambiental ligado al binomio pobreza-riqueza de las naciones da como resultado una relación desigual frente a la ley y, especialmente, hacia el derecho de las víctimas en función del poder internacional de los estados de los que son miembros.
Por último, al igual que en Portmán, una posible demanda penal contra los presuntos autores podría volver a evidenciar que los atentados contra los derechos medioambientales quedan impunes por las dificultades propias de demostrar la concurrencia de los elementos del delito, especialmente, la imputación objetiva del resultado a la acción. La única novedad ha sido la reforma del Código Penal de 2015, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye la doble imputación de personas físicas y personas jurídicas por crímenes como, por ejemplo, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, cuya eficacia jurídica está por demostrar.
Una realidad que demanda no solo respuestas jurídicas, sino también la conformación de un poder social que haga posible su materialización y ejercicio a favor de los más débiles: las víctimas.
Espero y deseo que el final de la historia de la laguna del Mar Menor no coincida con el de la Bahía de Portmán y para eso hace falta algo más que un tuit del presidente en funciones. 




No hay comentarios:

Publicar un comentario

VICTOR MESEGUER DOTRAFORMA

TABLON DE ANUNCIOS

Sin noticias