viernes, 18 de marzo de 2016

CONGRESO UGT



A Pepe Álvarez
(Nuevo secretario general de UGT)

Víctor Meseguer
La Verdad 10-03-2016
"El sindicato ha dado un paso extraordinariamente positivo para que este país se entienda", estas fueron las primeras palabras de Pepe Álvarez como nuevo secretario general de la UGT. El problema no es que Cataluña y el resto de España se entiendan, sino que nos entendamos los españoles, con independencia de donde hayamos nacido o donde pensemos jubilarnos.
El problema de los trabajadores del barrio de La Mina de Barcelona no está en Madrid, más bien puede estar en Pedralbes. El problema de los asalariados de allí y de aquí no es la temporalidad laboral, sino la eternidad ociosa. El empleo en nuestro país esta viciado por una gravísima retirada de las leyes que deberían protegerlo y por unos gobiernos que, a diestra y siniestra, ponen su mirada en otro lado: su precioso ombligo. Mientras tanto, la temporalidad se acerca velozmente a la precariedad y esta a la pobreza laboriosa: personas que, pese a tener una relación laboral normalizada, se sitúan por debajo del umbral de pobreza. Los previsibles pactos de gobierno no van a contribuir a mejorar la situación de los trabajadores. Pero siempre habrá quien dirá que se puede profundizar aún más en la inquietud. Que nadie se extrañe escuchar en los próximos días que lo que hace falta es liberalizar aún más el mercado laboral, es decir, roer el hueso hasta la médula.
Es el juego de siempre, con las reglas de siempre y con los ganadores y perdedores de siempre. Estamos en el mes de marzo  y quienes viven de un sueldo ya están perdiendo poder adquisitivo. Uno tiene la sensación de que el sudor cada vez vale menos y las cosas cuestan más.
Las dificultades de muchas familias en el barrio de La Mina no traen causa del sinvivir de muchos asalariados andaluces, extremeños, murcianos,… Ni de aquellos cuya vida vale menos que la patera que les volvió a parir. Los inmigrantes han generado muchísimos beneficios económicos a Cataluña y al resto de nuestro país. Lo lamentable de la inmigración (hoy como ayer) es que una gran parte de las plusvalías generadas por su sudor no repercuten en la sociedad, dada la escandalosa irregularidad en la que se mueve su trabajo.
La diferencia de un inmigrante marroquí en Murcia frente a un murciano en Cataluña es que a este último nunca se le pudo ilegalizar. Hoy, quienes están realmente interesados en poner trabas a la legalización de un inviable escenario no son tan ingenuos como para pretender poner puertas al campo, conocen perfectamente lo ineludible del mismo.
Además de beneficiarse de su necesidad para imponer condiciones laborales de servidumbre y semiesclavitud, no paga impuestos. Cuando un gobierno intenta ignorar esta realidad favoreciendo su juego, cabe el riesgo de introducir una espiral de abusos (no integración-rechazo-violencia). La historia nos enseña que siempre termina en violencia. Si queremos evitarla hay que cumplir dos premisas irrenunciables: legalizar su situación, facilitando y exigiendo las mismas condiciones laborales que al resto de los trabajadores, y reinvertir parte del beneficio obtenido en programas de integración y concienciación ciudadana.
Álvarez pidió a la mayoría de izquierdas del Congreso de los Diputados que "se deje de tonterías y se ponga a trabajar". Conozco a Pepe Álvarez desde hace muchos años y no tiene nada de ingenuo. Él sabe que la nueva forma de hacer política no busca objetivos sino titulares de prensa. El futuro es irreversible si los sindicatos no recuperan su capacidad de amenaza creíble y, a mi juicio, previamente hay que afrontar dos cuestiones de vital importancia para el sindicalismo:
Corregir una cierta involución desde el sindicalismo de clase hacia el sindicalismo de oficio, propio de finales del S. XVIII. Bajo la apariencia de la defensa de los intereses de los trabajadores como clase social, muchas veces, subyace la defensa de intereses corporativos.
La otra cuestión es la necesidad de remontar la escasa representación derivada de una disminuida base social asociativa y una pérdida real de influencia o representatividad. Los sindicatos mayoritarios han perdido más de 300.000 afiliados durante la crisis. En el caso de UGT, el proceso judicial de los ERE sobrepasa todas las exectiativas esperadas…





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