sábado, 20 de febrero de 2016

La RSC y los discos duros de Bárcenas



La RSC y los discos duros de Bárcenas
La Verdad, 18 de febrero de 2016
 Víctor Meseguer

Aparecen en escena dos presos barriendo el Salón de Actos - “David, después de tocar fondo solo queda emerger”-. El otro le contesta: - “No te fíes Ramón, estos están escarbando”- (los dos presos salen de la escena y aparece un julai que realiza el monologo que le transcribimos a continuación)
Una de las aportaciones más innovadoras en materia de Responsabilidad Social es la de quienes consideran que la autorregulación, unida a la noción de Responsabilidad Social y al Derecho de información de accionistas y consumidores podría convertirse en uno de los pilares de un futuro modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un campo en el que ya se cuenta con avances notorios.

En nuestro ordenamiento y a modo de ejemplo, el paso más importante fue la reforma del Código Penal de 2010, donde la responsabilidad criminal de las personas jurídicas comienza a ser una realidad innegable, siendo autónoma e independiente de la responsabilidad penal de la persona física interviniente en el delito. Por cierto, en la reforma de 2010, el PSOE excluyó a partidos políticos y sindicatos de este precepto legal y en la de 2012, el PP anuló estas excepciones.

Sin embargo, no fue hasta la reforma de 2015, que entró en vigor el pasado 1 de julio, cuando se reforzó la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se mejora la redacción y se establece un contenido legal mínimo para que las empresas puedan establecer sistemas de prevención de riesgos penales, designando, como obligación legal, a una persona de su estructura a cargo de la supervisión de cumplimiento, revisiones y exigencia de las normas que para la prevención de riesgos haya auto-establecido la empresa. Una nueva filosofía que obliga a mejorar la prevención y control de todo tipo de riesgos, incluidos los riesgos legales y especialmente los de carácter penal.

El catálogo de delitos a los que se aplica son, entre otros, estafas propias e impropias, insolvencias punibles: alzamientos, daños informáticos y hacking, publicidad engañosa, abuso de información privilegiada, blanqueo de capitales, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos políticos… 

A grandes rasgos, la principal novedad es que la responsabilidad de las personas jurídicas no excluirá la de las personas físicas, ni la de estas excluirá la responsabilidad penal de aquellas.  Por ejemplo, la juez Rosa Freire -instructora del caso sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas- ha citado a declarar como investigados, de un lado, al Partido Popular y, del otro, a la sucesora del Sr. Bárcenas. 

La diferencia sería más evidente en caso de ser condenados. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa,  en el supuesto de que hubiera sentencia condenatoria,  la condena al PP podría abarcar desde la multa por cuotas o proporcional hasta la intervención judicial del Partido Popular, pasando por la disolución del partido, la suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años, la clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años y la prohibición definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 

No obstante, la reforma deja un espacio para el desarrollo de políticas de RSE en esta materia, dado que, tal y como se desprende del texto, si antes de la comisión del delito la empresa ha implementado un sistema de control anticorrupción (una due diligence anti-fraude y corrupción; un programa de cumplimiento penal o investigaciones anti-fraude y corrupción), este puede actuar como supuesto de no imputabilidad del delito a la persona jurídica, puesto que faltaría el requisito de intencionalidad (dolo) o, en su caso, de falta de diligencia (imprudencia). 

La norma también orienta sobre cómo desarrollar un sistema de prevención de riesgos penales, que pasa por la elaboración de un mapa de los riesgos penales de la organización, previo análisis y procesamiento de los datos de la misma con los administradores, directivos y trabajadores de la compañía, así como redactar un código de conducta y la compliance guide; designación de una persona responsable de su cumplimiento en la compañía, creando un sistema interno de denuncia e investigación de delitos y poner en marcha un catálogo efectivo de infracciones y sanciones; y, por último, un sistema de supervisión basado en una auditoría externa anual que nos informe del grado de cumplimiento del plan, actualice el mapa de riesgos penales de la empresa y revise tanto el código de conducta como el plan de prevención de riesgos penales. 

(Tras las cortinas se oyen las voces de Ramón y David)
- ¿David, nos hacemos un plan de esos?
- Ramón, ya te he dicho mil veces que tienes que cambiar de camello.

PD. Atendiendo al principio de irretroactividad en Derecho Penal, lo aquí tratado no será de aplicación a la inmensa mayoría de los casos de corrupción pendientes de juicio y que afectan a casi todos los partidos políticos del Estado y las Autonomías.

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