lunes, 18 de mayo de 2009

TBC (trabajos en beneficio de la comunidad)

Hoy, la prensa regional recoge que en Murcia hay 3.000 sentencias (50.000 en el Estado) por delitos contra la seguridad del tráfico pendientes de cumplir. ¿De que hablamos?

Una aproximación.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, cuyos artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado-, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública en las Administraciones Central, Autonómica y, sobre todo, Local. Así mismo estas prestaciones se pueden desarrollar en ONG´s.

El Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración Penitenciaria y que a tal fin, podrá establecer los oportunos convenios con otras Administraciones públicas o entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública. En este caso, éstas Administraciones o entidades podrán asumir las funciones de gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados, sin perjuicio de la supervisión de la Administración Penitenciaria.

La ejecución se desarrolla bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria y los penados gozarán de protección en materia de seguridad social a cargo del Ministerio del Interior. Las actividades que dan contenido a la prestación son similares a las de las antiguas prestaciones de los Objetores de Conciencia al Servicio Militar.

La duración de la jornada diaria no podrá exceder de 8 horas. La ejecución de este pena estará regida por un principio de flexibilidad para hacer compatible, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. A tal efecto, cuando concurra una causa justificada, podrá autorizarse por el Juez de Vigilancia penitenciaria el cumplimiento de la pena de forma partida, en los mismos o diferentes días.

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VICTOR MESEGUER DOTRAFORMA

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