miércoles, 13 de mayo de 2009

La devaluación de la Justicia





















Por: Víctor Meseguer
La magistrada Jone G. Lurgain señaló no hace mucho tiempo, el origen de la pandemia que afecta a nuestro sistema judicial: “…la judicialización de la política y también la politización de la justicia. Son dos caras de una misma moneda que no se entenderían nunca la una sin la otra. A los tribunales se les está interpelando para resolver cuestiones que debieran ser resueltas en sede legislativa. Cuando la clase política no se atreve a determinar ciertas resoluciones, las intenta vestir de justicia. Pero para eso, previamente, ha habido que politizar la justicia y conseguir, en cierta manera, unos tribunales a la carta que luego hagan el papel demandado tanto por la clase política como por la opinión pública convenientemente movilizada”. Se quedó corta.


Primero la cruz. La politización de la justicia o, lo que es lo mismo, el guiñol en el que han convertido al Consejo General del Poder Judicial, dificulta la credibilidad de la alta curia; una institución cuyos sacerdotes son instituidos para dirimir litigios en razón de no tener interés en ellos.

Nota: no me he olvidado del Tribunal Constitucional, pero por mucho interés que le pongo, y pese a mi formación jurídica, la tengo hecha un lío. Les confieso mi manifiesta incapacidad para dilucidar si se trata de un alto tribunal o, de factum, la tercera de las cámaras legislativas. En cualquier caso, a mi juicio, lo que no es, es lo que le dio razón de ser. Como ejemplo, recuerden la sentencia Henri Parot (ahora doctrina con nombre de asesino).

Después la cara. La judicialización de la política; si no fuera por la previa politización de la justicia, más que una rémora, constituiría una garantía de los “intereses legítimos”; máxime ante la declarada incapacidad del legislativo-ejecutivo para desincentivar las conductas corruptas y, en su caso, depurar responsabilidades políticas, con independencia de que los tribunales diluciden las jurídicas. Y dadas, además, las carencias democráticas que aún hoy perviven en las organizaciones que vehiculan la voluntad ciudadana y, consiguientemente, la democracia.

En Murcia, por ejemplo, hemos llegado al esperpento de que la acertada denuncia pública de puntuales casos de corrupción, se vea como un ataque a nuestra Región. Aunque en puridad, no deberíamos confundir la judicialización de la política con el enjuiciamiento de políticos presuntamente delincuentes (presuntos delincuentes aforados, pero presuntos delincuentes) es lógico que la percepción de los ciudadanos se vea condicionada por la lenta penetración de la que está siendo objeto el gobierno de los jueces. Así, no nos podemos quejar de que se confundan churras con merinas.

¿Y la justicia? ¿Cómo anda? Como España. Es más que evidente que muchos jueces están hasta las puñetas de sus togas, de tanta intrusión en su independencia, como si no tuvieran bastante con hacer funcionar la pesada maquinaria de la justicia con los escasos recursos con los que cuentan. No es de extrañar que muchos de ellos, simulando a Clint Eastwood en Gran Torino, digan aquello de ¿Por qué tengo que ser yo el que esté entre la espada y la pared?

Corolario. A lo largo y ancho de este estado, territorio o cosa rara llamada España (la entrada se la he hurtado a un teniente sin tierra cuya inteligencia y sentido del humor me cautivaron), vivimos las consecuencias de la más cobarde de las valentías de muchos políticos, que intentan amedrentar, intimidar o condicionar interesadamente la independencia de los periodistas junto al cabreo razonable, pero mal digerido, de tantos jueces y operadores del sistema, que hartos de estar hartos de que los políticos, de pronto, colaboren tanto con la justicia, les sitúa indiferentes ante el incontrolable ventilador de la filtración. Este es el origen de una ceremonia de la confusión que hará imposible –si quienes tienen que evitarlo no lo evitan- saber los porqués y quién es quién en la cadena de valor de la corrupción política. Unos campan por sus respetos por toda España (confundiéndola con su finca) y otros no tienen quien les gobierne o les gobierna quien no tiene que gobernarles.

De tanto conocer, no nos vamos a enterar de nada y lo que es peor, con tanta innovación jurídica se corre el riesgo de sustituir la justicia por un sucedáneo sin garantías, de pervertir instituciones como la prisión preventiva…En definitiva, de la devaluación de la justicia.

No obstante, estoy convencido de que el mañana pasa por volver al pasado y desenterrar el espíritu de las leyes de Montesquieu. No quiero que nadie me reproche “la estrafalaria rapidez con que la utopía se torna distopía, con que el cielo se torna infierno”.

Victor Meseguer
http://dotraforma.blogspot.com

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