domingo, 18 de septiembre de 2016

La trahison des clercs



LA TRAICIÓN DE LOS CLÉRIGOS
Víctor Meseguer. Educador  
@victormexeguer
La Verdad, 15 de septiembre de 2016
El profesor Antonio Garrido Rubia me llamó para invitarme a impartir una conferencia sobre los retos del sistema político español. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Un debate en cuatro actos inspirados en la profecía que Julien Benda nos adelantó en su obra “La trahison des clercs”.   
1.       Crisis económica y desempleo. La crisis de poder de los partidos y de los sindicatos ejemplifica cómo el papel preponderante que la norma daba a estas “instituciones” en la Constitución de 1978 está en tela de juicio. Vivimos en un mundo “sin intermediarios” o en el que se nos vende por los poderes fácticos la ilusión de que ya no son necesarios, cuando justamente en un mundo sobrecargado de información y demandas cada vez más son necesarios mediadores expertos y en los que poder delegar. Si la delegación no es posible es porque hay desconfianza respecto al real poder de los partidos y sindicatos, o estos no son capaces de “conectar” con las demandas de nuevo empoderamiento de los ciudadanos; unos ciudadanos muy conscientes de su rol de clientes y consumidores. Por tanto, hay demanda de “intermediarios” pero, o bien no se ajusta a la oferta (lo que aún ofrecen organizaciones que piensan con parámetros analógicos del siglo XX), o bien los intermediarios han abdicado de ofrecer soluciones y se contentan con que sus estructuras burocráticas y clientelares persistan: “Que me quiten lo bailao…”.
2.       Corrupción y crisis de las instituciones.  La crisis de las instituciones y la corrupción es, antes que nada, una crisis moral y ética en el sentido de “crisis de valores”. Sí, cuando todo vale, nada vale. Cuando no se es consciente del valor de las instituciones creadas desde la Ilustración para defender los derechos sociales e individuales, no se derramará ninguna lágrima por ellas cuando desaparezcan. Posiblemente haya un “cui prodest” (¿Quién se beneficia?) de la desafección con las instituciones. Y esos beneficiarios, y por tanto inductores de desafección, son todos aquellos que consiguen ventajas de que las personas vivan como individuos-isla, temerosos de los demás. Curiosamente, en un mundo donde la “lucha de clases” se vende que ha desaparecido, son las élites sociales y económicas (desde profesores de universidad a miembros de colegios profesionales oligopolistas, “hijos de…”) los más conscientes de su clase, los que más luchan para enmascarar su poder, para que tengamos la ilusión que las redes digitales hacen más democrática las relaciones sociales (sin necesidad de instituciones e intermediarios “físicos”). Luchar contra la corrupción y la desafección implica desenmascarar los verdaderos entramados de relaciones sociales que existen entre los hijos, nietos, sobrinos y demás de las élites, (¿o nos hemos olvidado cómo se coopta a los amigos de pupitre del colegio para presidir compañías telefónicas privatizadas?).
3. Crisis territorial: la amenaza independentista. Los territorios no tienen crisis; tienen crisis, perciben momentos críticos, buscan oportunidades… las personas. La amenaza independentista no existe: en realidad concurre  la oportunidad para unos (percibida como crítica para otros) de ganar más poder y así conseguir que su vida tenga más sentido (el sentido ilusorio que da el “tener una identidad”, que es el mismo que “tener una personalidad”). Si ello es así, la cuestión de la que estamos hablando con el independentismo se reduce a una mera lucha de poder. Las luchas de poder se solucionan si, o bien alguien gana (negociación por posiciones, y ello implica que alguien pierde), o bien ambas partes se ponen de acuerdo respecto a cuáles son los intereses comunes que merece la pena preservar en su (nueva) relación. Y para estas negociaciones de principios nos faltan representantes capaces, delegados de la “soberanía popular”, (sea el pueblo lo que sea). Ahora bien, ¿dónde están?, ¿alguien los ve, les reconoce por la calle? La crisis territorial es una crisis de representación, o sea, nos faltan intermediarios sensatos y que cumplan su papel.
4.       Cambio en el sistema de partidos y bloqueo político. El sistema de partidos ya ha cambiado. Pero ese cambio no supone una desafección política; al contrario, la participación electoral aumentó cuando hubo percepción de que los intermediarios podían ser verdaderamente legítimos representantes de los intereses de los representados. Ahora bien, el bloqueo político y unas terceras elecciones no van a cambiar la tozuda realidad: la sociedad se ha fragmentado porque también se han fragmentado los intereses de los electores. El problema es que vivimos en un mundo, en un país, donde el verdadero estadista aún no ha acabado de asumir que su rol es el de integrar en un mínimo común denominador intereses contrapuestos de personas que –mal que nos pese- no podemos abandonar en esta balsa de piedra a la deriva, la balsa del relato de Saramago.

FORO ABIERTO DE RSC



FORO ABIERTO DE RSC
Víctor Meseguer
Educador
@victormexeguer
La verdad, 1 de septiembre de 2016
Las ideas son libres, pero comprometen. La sostenibilidad territorial y ambiental, así como el fomento de la responsabilidad individual y social en las instituciones, organizaciones y empresas de la Región de Murcia es una de las decisiones de calidad que podemos tomar para ganarle la partida a un futuro que no pinta bien.
Esta es la razón de ser del Foro Abierto de RSC, que nace con la voluntad de constituirse en un espacio de participación ciudadana abierto a ideas prácticas, sugerentes, innovadoras y aplicables a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.
Hay una de esas frases hechas que inundan las redes y que viene como anillo al dedo: “El éxito tiene muy poco que ver con la velocidad... pero mucho que ver con la dirección”. Como el punto de partida es que otra economía es necesaria y posible, hemos invitado como miembros fundadores del foro a personas que ya llevan mucho tiempo trabajando por la promoción del crecimiento económico sostenido, la redistribución de la riqueza, la creación de empleo y trabajo decente para todas las personas, en especial para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, personas de edad y migrantes: Juan Antonio Pedreño, Juan Antonio Segura, Pedro Martínez, Lucio Fernández, etc.
Juntos queremos cavilar cuatro cuestiones que definen un punto de inflexión de nuestro modelo político, económico y social:
1.    Los modelos actuales de crecimiento no sirven para una sociedad donde la escasez es la norma y donde demasiada gente se queda atrás. Nuevas maneras de colaborar, cooperar, co-crear y crecer son necesarias para construir, entre todos, un mundo sostenible e inclusivo, donde la cultura de la innovación lleve a las organizaciones al compromiso estratégico de crear productos, servicios y soluciones que aporten valor a la sociedad, apostando por la colaboración público-privada como una de las claves de la innovación política, económica y, sobre todo, social. La innovación es un proceso que afecta a toda la sociedad y exige caminar hacia nuevas formas de colaboración y nuevos espacios de articulación para las organizaciones del sector público, privado y social. Una estrategia de territorios socialmente responsables donde la máxima podría ser (como decía Eduardo Galeano) que: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”.


2.    La valoración de los servicios ecosistémicos y la internalización de los costes ambientales apuntan hacia un nuevo modelo productivo en el que los considerandos ambientales van a constituir uno de los ejes centrales de todo tipo de organizaciones. De ahí, que los contenidos ambientales de la RSC constituyan un común denominador desde el que abordar la innovación ambiental y el emprendimiento necesario para el desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible ambientalmente.
3.    Una visión moderna de la Gestión de Personas en las organizaciones debe buscar que todas las políticas y acciones de la organización estén al servicio de la satisfacción de las necesidades e intereses de los trabajadores. Porque sólo trabajadores satisfechos estarán motivados para trabajar, sólo las personas motivadas querrán implicarse en la empresa, sólo personas implicadas querrán ser más innovadoras y ofrecer más y mejores servicios a sus clientes. Y sólo los clientes satisfechos se fidelizan a las organizaciones y –con sus decisiones de compra- permiten a estas sobrevivir en el tiempo, de forma sostenible, hacia el cumplimiento de su misión, visión y valores. Conseguir que la Gestión de las Personas en las organizaciones se haga desde parámetros de sostenibilidad y responsabilidad social debe ser nuestra meta.
4.    La gobernanza de los asuntos públicos de interés, la gestión de la incertidumbre y la comprensión del posicionamiento de las empresas en el contexto global, que proteja y refuerce la posición de la propia empresa y sus gestores son los escenarios fundamentales que exigen focalizar la formación de los directivos en las claves de la diplomacia corporativa. Ante el auge del “lobby” y los grupos de presión en España y en Europa, como uno de los efectos de la evolución política y socioeconómica del continente, y la ausencia de una legislación regulatoria del mismo, sólo las empresas que comprendan y afronten la creciente demanda social de transparencia, sostenibilidad y de respeto a los Derechos Humanos de forma compatible con sus planes de negocio y crecimiento tendrán oportunidad de ser competitivas.
El Foro Abierto de RSC es una iniciativa que nace y crece gracias al amparo de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM. Un espacio público abierto a todos los ciudadanos que tengan algo que decir en materia de Derechos Humanos e Innovación Social Empresarial, Sostenibilidad Ambiental, Buenas Prácticas en RRHH, Acción e Intervención Social y Buen Gobierno Corporativo. Un espacio por construir desde el respeto a los demás y la libertad propia: sin etiquetas, sin normas, sin prejuicios y sin apriorismos.

viernes, 19 de agosto de 2016

DE PORTMÁN AL MAR MENOR



DE PORTMÁN AL MAR MENOR
Víctor Meseguer
La Verdad, 19 de agosto de 2016

El presidente en funciones del Gobierno de España afirmó la semana pasada, en un mensaje en Twitter, que el Mar Menor es «un paraje natural único en Europa que debemos conservar». No muy lejos, en algún cajón de su mesa, debe seguir guardando el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Les pongo en antecedentes.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó por consenso el texto de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, inspirado en tres premisas: 1) El deber de los Estados de proteger los derechos humanos (incluido el derecho a un Medio Ambiente sano); 2) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; 3) El derecho de las víctimas al acceso a mecanismos de reparación.
Este mismo año, la Comisión de la UE aprobó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones bajo el título “Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”, en la cual se invitó a los Estados miembros a desarrollar un Plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
España aceptó esta invitación y el 26 de junio de 2014 el texto definitivo del plan, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación -tras un supuesto “proceso de diálogo” con la sociedad civil, representantes de las organizaciones sindicales y académicas, así como un acto de dogeza con las organizaciones empresariales- se remitió a la mesa del Consejo de Ministros para ser sometido a aprobación, pero a día de hoy todavía no se ha incluido en el orden del día de ningún Consejo de Ministros.
Uno de los elementos positivos más reseñables del documento viene determinado por la aplicación de la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, con el objeto de evitar, por ejemplo, daños irreversibles al medio ambiente. Como Uds. saben las normas de cuidado se construyen en base a la existencia de resultados previsibles que, además, son evitables. Una lógica implacable que habría evitado desastres medioambientales como el del Mar Menor o el de la Bahía de Portmán. Dos lamentables episodios que tienen más relación de la que parece.
En ambos pesa la sombra de una relación simbiótica entre lo público y lo privado, ajena a los intereses generales; por ejemplo, el Tribunal Supremo avaló que la Société Minière et Metallurgique Peñarroya disponía de los permisos gubernativos pertinentes para realizar los vertidos sin cuestionar la legitimidad de los mismos. En el caso del Mar Menor me remito al artículo publicado aquí por Pedro Costa Morata (22-10-2014):  El Mar Menor y el 'crimen del Estacio'.
A la vista de los hechos, también se puede afirmar que las empresas hace tiempo que han iniciado la gran huida del Derecho para aquellas cuestiones que no son de su interés, como es el caso del acceso de las víctimas de violaciones en el ámbito de los Derechos Humanos y Medio Ambiente a vías de reparación judicial.
Si se ponen en relación los desastres ambientales sucedidos en la Bahía de Portmán, en la laguna del Mar Menor o el del Prestige en la Costa da Morte con el reciente desastre ambiental provocado por la petrolera británica BP en el Golfo de México (donde la petrolera pagará la mayor indemnización de la historia: 20.800 millones de dólares, 5 años después del desastre ambiental, tal y como informó la Fiscalía General de los Estados Unidos de Norteamérica en octubre del año pasado), se puede colegir que el daño ambiental ligado al binomio pobreza-riqueza de las naciones da como resultado una relación desigual frente a la ley y, especialmente, hacia el derecho de las víctimas en función del poder internacional de los estados de los que son miembros.
Por último, al igual que en Portmán, una posible demanda penal contra los presuntos autores podría volver a evidenciar que los atentados contra los derechos medioambientales quedan impunes por las dificultades propias de demostrar la concurrencia de los elementos del delito, especialmente, la imputación objetiva del resultado a la acción. La única novedad ha sido la reforma del Código Penal de 2015, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye la doble imputación de personas físicas y personas jurídicas por crímenes como, por ejemplo, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, cuya eficacia jurídica está por demostrar.
Una realidad que demanda no solo respuestas jurídicas, sino también la conformación de un poder social que haga posible su materialización y ejercicio a favor de los más débiles: las víctimas.
Espero y deseo que el final de la historia de la laguna del Mar Menor no coincida con el de la Bahía de Portmán y para eso hace falta algo más que un tuit del presidente en funciones. 




VICTOR MESEGUER DOTRAFORMA

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